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Boletín de prensa 13 de junio de 2011
PROCURADURÍA NIEGA SOLICITUD DE NULIDAD EN PROCESO A SAMUEL MORENO
El Ministerio Público confirmó que es falso que se haya violado el principio de confianza legítima.
Según comunicado del Ministerio Público, frente a la solicitud de nulidad presentada por el proceso que se sigue en contra del suspendido alcalde, Samuel Moreno, "no se ha quebrantado ni formal ni materialmente el debido proceso (...) ni existe un perjuicio u ofensa en contra del disciplinado" (Vea acá los implicados en el escándalo de la contratación en Bogotá).
La decisión quedó confirmada mediante un Auto con fecha del 8 de junio de 2011.
La Pocuraduría confirmó que no es cierto que se haya violado el principio de confianza legítima y que principios como el de lealtad procesal se hayan quebrantado.
Luego de la petición de pruebas por parte de la defensa técnica, en este mismo proceso, la entidad también decretó la práctica de pruebas testimoniales y documentales.
Para esa tarea, el Ministerio Público comisionó a asesores y profesionales de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.
Contra el auto que decreta la práctica de pruebas procede el recurso de reposición.
PROPONEN ARRESTO DE 30 DÍAS POR CONDUCIR EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ
Este martes la Cámara comenzará el trámite de un nuevo proyecto de ley sobre los choferes borrachos.
La problemática de los conductores ebrios volverá a tomarse mañana la atención del país. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes comenzará su trámite un proyecto de ley que busca castigar con cárcel el solo hecho de conducir borracho y eliminar beneficios como la casa por cárcel para quienes, en ese estado, ocasionen una muerte o una lesión.
La iniciativa también persigue aumentar las penas para quienes cometan un homicidio conduciendo ebrios, pero la decisión final sobre este tema se dará este lunes, luego de una reunión entre los ponentes del proyecto.
El tema no es de poca importancia si se recuerdan casos como el del alcalde de Nemocón, José Vega, quien bajo los efectos del alcohol arrolló y mató a un ciclista el pasado 15 de abril en carreteras de Cundinamarca; o el de un conductor ebrio que en la localidad de Engativá, en Bogotá, embistió a otro carro que estaba estacionado y mató a sus tres ocupantes.
Por estos y otro casos, el Congreso decidió metérsele al tema y se logró la acumulación de dos proyectos de ley (uno de la representante del movimiento Mira Gloria Stella Díaz y otro del senador de 'la U' Roy Barreras) para frenar este fenómeno.
La idea es que quien conduzca embriagado, por ese solo hecho, sea arrestado entre ocho y 30 días, y quien sea condenado por cometer homicidio manejando borracho pague su pena en un centro carcelario y no en su residencia, como ocurre hoy en día.
Para el coordinador de ponentes de la iniciativa, Miguel Gómez Martínez, parte de la dificultad es que en Colombia "consideramos que el alcohol no es un problema social".
"Creemos que hechos cometidos bajo la influencia del alcohol no deberían ser agravantes, pero cuando se le dice eso a la mamá de una niña que murió asesinada por un chofer borracho, es muy difícil de entender", agregó el congresista de 'la U'.
El aumento de las penas para quienes conduciendo alicorados maten a otra persona dependerá de si el homicidio es calificado como culposo o doloso.
"Es probable que en el Código Penitenciario que está en trámite también abordemos el tema. Estamos viendo si deberían existir centros de reclusión para personas a las que, a pesar de haber cometido esta falta grave, no se les puede tratar como criminales empedernidos", explicó el representante Gómez. Según él, en caso de que se decida proponer que el homicidio sea culposo, las penas no serían inferiores a cinco años y si es doloso, es decir intencional, irían de siete a 15 años.
De acuerdo con el general Rodolfo Palomino, director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, entre 15 mil y 20 mil personas conducen en estado de embriaguez durante un puente festivo o en un fin de semana de pago de quincena, pero solo entre el 10 y el 15 por cinto de esos conductores es detectado por las autoridades.
En el último puente festivo fueron sorprendidos 1.804 conductores en estado de embriaguez. "La Policía no está en capacidad de detectarlos a todos", precisó.
Trámite tortuoso
En abril, un proyecto igual se hundió en el Senado
El pasado 6 de abril, un proyecto de ley del senador de 'la U' Roy Barreras que castigaba a los conductores ebrios que causaran muertes fue hundido por la plenaria del Senado. ¿La razón? Declaraba la muerte política para los funcionarios y miembros de corporaciones públicas que incurrieran en esta conducta. Tanto Barreras como la representante del movimiento Mira Gloria Stella Díaz, quien ya trabajaba en el tema, se pusieron a la tarea de no dejar impunes a quienes cometen esta falta. Por ello, tan solo una semana después, el 13 de abril, Díaz presentó su iniciativa en la Cámara y Barreras radicó la propia en la Secretaría del Senado, con el acompañamiento del ministro del Interior, Germán Vargas. Como el propósito de ambos proyectos es el mismo, terminaron acumulándose.
'Uno nunca debe manejar si ha tomado licor': oficial suspendida nueve meses
La coronel Luz Eugenia Molta, suspendida nueve meses de la Policía Nacional tras accidentarse en estado de embriaguez el pasado 13 de abril, reconoció que fue "un error grave" conducir después de haber consumido licor.
¿Qué pasó esa noche antes de subir al carro?
A las 8 de la noche terminé mi servicio. Yo trabajaba como Jefe Académica de la Escuela Superior de la Policía. Ese día salía a vacaciones. Me fui para el casino del Club de la Policía, que queda en el mismo sitio (avenida Boyacá con calle 142), porque allí tenía cita con una persona para pedirle una asesoría jurídica en un aspecto personal. Esa noche me tomé tres tragos de whisky. A las 11 de la noche me subí al carro para irme para la casa.
¿Por qué asumió el volante si había ingerido licor?
Fue un error grave, porque me sentía bien y en capacidad de conducir. Esa noche salí y tomé la avenida Boyacá hacia el sur. Estaba lloviendo y delante había un carro que hizo una maniobra inesperada en la (calle) 134. El carro de adelante se fue a la izquierda y hubo una subida que no vi porque la visibilidad era muy regular. Cuando traté de esquivar el separador, el carro lo golpeó y se produjo el accidente.
Entonces, unos taxistas parqueados al otro lado de la Boyacá me auxiliaron, pero vi que unas personas trataron de meterse al carro para robarme y yo me molesté. De hecho, se me desapareció un minicomputador. Las personas que estaban ahí tomaron mi reacción como una actitud negativa.
¿Había ingerido licor en otras oportunidades antes de manejar?
No. Esa fue la primera vez. El personal del casino, incluso, fue a la audiencia que me hicieron después del accidente y confirmó que en mis cuentas solo había pedidos de aguas aromáticas y almuerzos. Desde hace varios días estaba atravesando una situación personal bastante difícil y, lamentablemente, no busqué la ayuda profesional.
Sin embargo, considero que el accidente no tuvo nada que ver con los tragos que me tomé, sino con la deficiente señalización que en ese momento tenía la vía y con la visibilidad regular que había esa noche por la lluvia. Algo bueno tenía que resultar de todo esto, porque la señalización de esa zona ya está mucho mejor.
¿Qué aprendió de este episodio?
Que uno nunca debe manejar si ha tomado licor. La vida de una persona puede cambiar por una mala decisión tomada en segundos.
Sorprenden a un alcalde con tragos al volante
La Policía de Tránsito y Transporte de Boyacá sorprendió en un retén, realizado en una vía de Tunja el fin de semana, al alcalde del municipio de Toca, Gilberto Alba Espitia, conduciendo bajo los efectos del alcohol.
HIJO DEL 'ZAR' DE LOS TAXIS EN BOGOTÁ ARMA SU FLOTA A PUNTA DE TUTELAS
Junto a otros intermediarios, tienen rodando 300 carros que para el Distrito violan la ley.
Hay dos Uldaricos Peña que están manejando el negocio de los taxis en Bogotá. Uno de ellos es el famoso presidente de Taxis Libres, que aparece con su poblado bigote cada vez que hay que definir primas navideñas o paros.
El otro es su hijo, Eljayek Uldarico Peña Buitrago, que está conformando una flota de carros de servicio público a punta de fallos de tutela en contra del Distrito.
El negocio de Uldarico júnior consiste en poner a circular taxis nuevos usando los cupos de taxis viejos.
El problema es que estos últimos no tienen la tarjeta de operación, que prueba que estaban en servicio -requisito obligatorio para que el Distrito autorice su reposición- y que hoy se negocia hasta por 60 millones de pesos.
Para hacerle el quite a la medida, Uldarico júnior asesora o interpone acciones de tutela, por intermedio de su empresa Contadores Investigadores & Abogados (CIA), alegando que le están violando los derecho al debido proceso y a la igualdad, pues tiene documentados casos en los que a otros usuarios les han permitido la reposición sin esa tarjeta.
Su argumento va en contravía del criterio de los abogados del Distrito, que se respaldan en múltiples normas nacionales y distritales.
Pero Uldarico júnior (de 47 años y quien vive con su papá) ha logrado que su tesis haga carrera en 7 juzgados civiles de Bogotá. Y no está sólo en el negocio. Uno de sus ocho hermanos -Héctor Horacio, ex candidato a la Cámara por 'la U'- también ganó una tutela. Así mismo, Édgar Eduardo Archila, el abogado y socio de Uldarico júnior.
Otro de los accionantes de tutelas es Gerardo Ariza, ex jurídico de la Secretaría de Tránsito, con quien Júnior dice no tener ningún nexo.
Lo concreto es que el Distrito calcula que por esta vía han ingresado 300 carros, agravando la movilidad de la ciudad. Y existe el peligro que ingresen 2.100 más.
Y aunque la Secretaría de Movilidad se abstuvo de hablar del caso, argumentado que su defensa la ejerce en los tribunales, este diario encontró una queja formal que esa entidad instauró ante el Consejo de la Judicatura contra dos de los siete jueces que, por lo general, siempre fallan a favor de Uldarico y compañía.
Jueces y carcelazo
Se trata del 37 civil del circuito y del 19 civil municipal, a quienes el Distrito señala de emitir fallos parciales, omitir sus argumentos de defensa, esconder notificaciones, fallar sobre casos ya juzgados e incluso, expedir decisiones adversas en días en los que los juzgados estaban cerrados.
Ahora se indagan casos en los que, al parecer, están metiendo en los listados de carros amparados por tutelas, placas que no habían sido incluidas inicialmente.
Sobre la denuncia, la juez 19 dijo que "muchos jueces han fallado en el mismo sentido" y que siempre ha actuado legalmente: "Prueba de esto es que en segunda instancia se confirman las decisiones".
También insistió en que los casos son enviados por reparto (al azar). El juez 37 no respondió los mensajes.
La queja de la Secretaría de Movilidad lleva siete meses en la Judicatura sin que sus magistrados se pronuncien. Y el Distrito tampoco ha logrado que la Corte Constitucional revise uno de esos fallos para establecer definitivamente quien tiene la razón.
El lío es que la Secretaría de Movilidad está ad portas de que su abogada o su director vayan presos por desacatar una de las tutelas que interpuso Uldarico júnior.
"Yo cobro entre uno y dos millones por estas tutelas, pero a veces lo hago gratis sólo por amargar a la Secretaría de Movilidad", dice el hijo del 'zar', quien admite tener una guerra jurídica personal con esa entidad del Distrito.
'No hay norma que prohíba lo que hago'
Uldarico júnior asegura que no existe una norma, a nivel nacional o local, que exija la tarjeta de operación como requisito para poner a rodar un taxi en Bogotá. Y agrega que tiene conceptos de funcionarios del Distrito que le dan la razón. "He defendido los derechos de unas 100 personas, incluidas viudas de taxistas, que tienen derecho a trabajar", explica. Y jura que no conoce a ninguno de los jueces que han fallado a su favor. "Si hay irregularidades, que las denuncien, yo tengo argumentos jurídicos que me dan la razón", puntualiza.
CÉSAR GAVIRIA HABLA DE LOS ACIERTOS Y VACÍOS DE LA CONSTITUCIÓN DEL 91
Con motivo de los 20 años de la expedición de la Constitución de 1991, César Gaviria hace un recuento de lo que se ha logrado.
El ex presidente conversó con María Isabel Rueda y dice que no le interesa para nada una reelección.
La Comisión Global de Drogas, que usted integra, ha vuelto a insistir en un nuevo enfoque en esa lucha. Nuevamente EE. UU. la descalifica. ¿No es muy frustrante?
No he visto que la descalificación sea de plano. EE. UU., particularmente bajo la administración Obama, ha empezado a cambiar su lenguaje. Ya ha dicho el director de la oficina antidrogas que la expresión de guerra contra las drogas no sirve para conformar una política efectiva, y que la solución del problema está en reducir el consumo. Pero todavía no son sino cambios de lenguaje, no de política.
¿Usted y los ex presidentes Calderón y Zedillo están reclamando la legalización?
La legalización es una palabra equivocada que despierta ilimitados temores. Es tan simplista como el prohibicionismo. Lo que reclamamos es cambiar la definición del problema del consumo de drogas, desde el crimen hacia un problema de salud, porque la experiencia europea de distintos países ha sido muy positiva. Meter cinco años a la cárcel a un muchacho que por primera vez fumó marihuana y gastarse 450 mil dólares en su proceso judicial y en mantenerlo en la cárcel varios años comienza a parecer una política sin sentido: mala para la sociedad y mala para el ciudadano.
¿Es cierto que usted se opuso a la dosis personal, cuando la propuso el magistrado Carlos Gaviria?
Yo no compartí la decisión, pero hoy reconozco que fue la correcta. Lo que me pareció definitivamente equivocado fue su motivación. El magistrado Gaviria alegó el libre desarrollo de la personalidad. Volvió el consumo de drogas un derecho, una tesis libertaria que me parece equivocada. A la gente no se le puede dar el derecho de hacerse daño a sí misma y de hacerle un gran daño a la sociedad.
¡Lo he visto muy homenajeado en los 20 años de la Constitución del 91! Le hago una pregunta indiscreta: ¿Nunca temió que una constituyente omnipotente le revocara el mandato?
El fallo de la Corte que le quitó las limitaciones al acuerdo político representaba una oportunidad muy grande, pero al mismo tiempo traía riesgos. Particularmente se vio así cuando Álvaro Gómez habló de una Constituyente omnipotente. Pero eso tuvo una utilidad, y fue poder cambiar de Constitución.
Y revocar el Congreso....
La base jurídica del acuerdo de la Constituyente tenía una fuente política, que era el acuerdo de todos los partidos representados en el Congreso, y en ese acuerdo inicial figuraba no revocar ni el Congreso ni las autoridades elegidas popularmente. Si íbamos a abandonar las bases de ese acuerdo, había que hacerlo mediante otro acuerdo político, y eso fue lo que hicimos. Lo contrario le hubiera quitado legitimidad al proceso.
Visto hoy, ¿valió la pena esa revocatoria del Congreso?
Eso no es relevante. Siempre me ha parecido ingenuo, así lo piensen muchos, creer que una nueva elección cambiará a los representantes que la gente escogerá. Ahora, introdujimos el tarjetón en esas elecciones, eliminamos la inmunidad, acabamos con los auxilios parlamentarios, se estableció la circunscripción nacional para Senado. Fueron cambios importantes.
El presidente López se murió alegando que el Congreso revocado tenía más votos que la Constituyente convocada...
Las condiciones de ese momento eran tan excepcionales, que fueron las que permitieron convocar a esa Constituyente, cuya validez dependió del fallo de la Corte Suprema. Pero la gente va olvidando la magnitud de los desafíos que tenía Colombia en ese momento. Es verdad que no hubo una gran votación, porque no había mucha conciencia de lo que esa Constituyente iba a hacer, la mayoría nunca había oído esa palabra. Pero ninguna de las otras Constituciones había tenido origen en una elección popular. No fue producto de la imposición de un partido sobre el otro.
¿Acepta la tesis de que algunos aciertos de la Constitución del 91 requieren unos ajustes? Por ejemplo, el poder de la Corte Constitucional, que ha producido un choque de trenes institucional...
Es un problema que existe en todos los sistemas donde se crea lo que se llama un control concentrado de constitucionalidad. Hoy, el choque de trenes se reduce a muy pocos casos, porque las propias Cortes han encontrado mecanismos para mejorar el sistema. Ese mecanismo se puede refinar por medio de una ley que haga aún más exigente esa opción, incluida la posibilidad de que la propia Corte Suprema revise de nuevo los argumentos contra su sentencia.
¿No cree que a los jueces se les va la mano en lo que llaman la justicia nescafé o instantánea que permite la tutela?
Cuando se tiene justicia más expedita surge el riesgo de que sea menos justa. La tutela llenó ese anhelo de que haya pronta y cumplida justicia. El problema no está en que la tutela sea muy expedita, sino en que el resto de la justicia es muy lenta. Si uno quiere que la gente no abuse de la tutela, hay que abreviar los términos y los procedimientos del resto de la justicia. Esa sería la verdadera reforma de la justicia.
La Fiscalía: hay poca credibilidad sobre su eficacia...
El sistema penal colombiano es el que más ha avanzado en Latinoamérica como fruto de la Fiscalía. Colombia es el único país de Latinoamérica que procesa a sus gobernadores, alcaldes, parlamentarios, ministros. Aquí ya podemos decir que nadie está por encima de la ley. No veo muy claro qué ajuste necesita la Fiscalía, porque es muy eficaz, sobre todo si se aplica bien el principio de oportunidad y el sistema oral. Lo que requieren son recursos para operar.
¿Acepta que creaciones de la Constitución del 91, como la Comisión de Televisión, el Consejo Superior de la Judicatura y la Defensoría del Pueblo, fracasaron?
No estuvimos de acuerdo con la Comisión de Televisión. Acepto que eso no salió bien y que es mejor que sea el Gobierno el que asuma la responsabilidad de las decisiones. Es cierto también que el país no está satisfecho con la manera como ha funcionado el Consejo de la Judicatura, porque las decisiones colegiadas en administración no son una buena idea, por lo que eso merece un ajuste. La Defensoría es una buena institución, y no creo que esté de más.
¿Las funciones electorales de las Cortes no le han hecho mucho daño a la justicia colombiana?
Nadie quiere regresar a un Procurador o Contralor cuyo origen solo pueda ser presidencial. Además, con la inclusión de la reelección presidencial, no es bueno que los candidatos a los organismos de control vengan del Presidente, sino de varias fuentes nominadoras, una de ellas las Cortes.
¿Pero lo sucedido hace poco con la terna de Fiscal no fue un ejemplo de cómo se politizó la Corte Suprema?
Es que no se dice con claridad en la Constitución qué pasa si a la Corte no le parece adecuada la terna. Tal vez sea bueno normarlo. Pero fue fruto de una circunstancia muy precisa, y no creo que vaya a estar pasando todo el tiempo.
La prohibición de la reelección presidencial que se incluyó en la Constitución del 91 tenía nombre propio: el suyo...
Los constituyentes reconocen que me consultaron, y que yo los dejé en libertad porque yo no tenia tal intención. Prohibir la reelección inmediata fue muy útil, porque una de las buenas cosas que ha ocurrido desde el 90 y que ha hecho que el sistema político colombiano pueda avanzar, es la permanente renovación de su dirigencia política. Como resultado de eso, Colombia tiene varias buenas opciones en cualquier elección.
Ahora que la reelección está permitida, ¿consideraría esa posibilidad?
Alguna vez respondí que la posibilidad de mi reelección solo podía darse en un caso muy extremo, para resolver un problema muy preciso. Pero yo no he visto ese caso extremo y no lo veo por parte alguna. Por lo tanto, una reelección mía no me interesa y no creo que se deba dar.
Por su respuesta, infiero que está muy tranquilo con este gobierno...
Muy tranquilo. El presidente Santos es un buen presidente; ha hecho rectificaciones muy importantes, y no solo yo me siento cómodo, sino que el Partido Liberal también.
Llamó la atención que durante su homenaje usted dijera: "Yo acato a Pardo, pero mi jefe es Santos". ¿Es una sugerencia para que proceda a la reunificación del liberalismo?
Eso tendría que darse, tanto con Cambio Radical como con 'la U', de manera natural y no de manera forzada, ni por un exceso de intervención presidencial. Es conveniente y nos gustaría, pero no se puede decir que en este momento sea necesario ni prioritario.
Finalmente, lo más probable es que el representante Simón Gaviria sea el próximo presidente de la Cámara. ¿Qué consejo le daría?
No tengo muchos consejos para darle a Simón, sobre todo porque no me hace caso (risas). Siempre les he dicho a mis hijos que no tomen decisiones con rabia. Porque no hay nada que destruya más el buen juicio que hablar con rabia o tomar decisiones con rabia. Ojalá Simón se acuerde de este consejo.
María Isabel Rueda
EL ESPECTADOR
REVOLCÓN AL ESTADO
En un mes estará lista separación de ministerios y reforma al Inpec
La Esap presentará el informe final que permite la reestructuración.
El Gobierno Nacional alista la separación de los ministerios del Interior y Justicia, dentro del proceso del ‘revolcón’ autorizado al amparo de las facultades especiales, aprobadas por el Congreso.
Dentro de éste, el director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), Honorio Miguel Henríquez, dijo que se encuentra en su última etapa el estudio la creación de los dos nuevos ministerios, Interior y Justicia, y la modificación a la estructura del Inpec.
Para finales del julio estará listo el informe final que permite la creación de los nuevos despachos del gabiente presidencial con los ajustes necesarios con lo cual el Gobierno podrá emitir el decreto respectivo.
Henríquez dijo a Caracol Radio que está también en su última etapa la nueva Agencia Colombiana de Reintegración que se encargará de todo el proceso de las familias desplazadas y desmovilizadas.
CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
GOBIERNO PRESENTA 15 MEDIDAS CONTRA LA IMPUNIDAD
Busca la aplicación efectiva de la justicia en casos de falsos positivos.
Este lunes el Ministerio de Defensa, las FF.MM. y la Policía Nacional presentarán las 15 medidas contra la impunidad en las investigaciones que se adelantan por las violaciones de Derechos Humanos y en los que estén involucrados miembros de la fuerza pública.
Esta estrategia busca mayor cooperación con la Fiscalía, Procuraduría y con la Defensoría del Pueblo para hacer un estricto seguimiento a las denuncias o quejas que se registran en las diferentes unidades militares, así como a los casos que investigan los inspectores del Ejército.
Las medidas contra la impunidad fueron diseñadas con el propósito de garantizar la aplicación efectiva de la justicia, por lo que el Inspector de las FF.MM. entregará un informe de seguimiento sobre las investigaciones internas, que pueden estar relacionadas con la violación de Derechos Humanos.
Fuentes del Ministerio de Defensa señalaron que esta estrategia estará a cargo de un comité encabezado por el viceministro de Defensa, Rafael Guarín y se apoyará en el Inspector de las Fuerzas Militares.
Las 15 medidas contra la impunidad se presentarán a la opinión pública durante un acto encabezado por el Ministro Rodrigo Rivera, los altos mandos militares y asistirán el Vicepresidente de la República, la Fiscal General, el Procurador, el Defensor del Pueblo, entre otras personalidades.
EL NUEVO SIGLO
CORTE INICIA EXAMEN A REGLAMENTACIÓN DE LA REFORMA POLÍTICA
La decisión podría tomarse en pocas semanas.
El estudio del proyecto que reglamenta la reforma política del 2009, donde se encuentran temas cruciales como la depuración del censo electoral, se iniciará desde hoy, en sala extraordinaria, por parte de la Corte Constitucional, después que el magistrado sustanciador Luis Ernesto Vargas radicara en la Sala Plena del alto Tribunal el proyecto de fallo.
En el tema del censo electoral, el proyecto de ley estatutaria 190 de 2010 Senado – 092 de 2010 Cámara, en su artículo 47 dice que “el Censo Electoral está formado por: Las cédulas de los ciudadanos que hayan sufragado en las últimas elecciones o en el último mecanismo de participación popular de carácter nacional, departamental o municipal, según el caso”.
La anterior disposición, que causó gran controversia política, indica que aquellos ciudadanos que siendo aptos para votar en las elecciones para la segunda vuelta presidencial en julio del año pasado, y no lo hicieron, sólo podrán votar en los próximos comicios territoriales de octubre si inscriben la cédula, cuyo plazo finalizó el pasado 22 de mayo, so pena de ser excluidos del censo electoral.
Dicho artículo fue abiertamente discutido en el entendido de que se estaría restringiendo el derecho al voto, y causó fuertes críticas por parte del Polo Democrático, pues esta colectividad se vería seriamente afectada teniendo en cuenta que en la segunda vuelta presidencial llamó a sus militantes al abstencionismo.
De hecho, las directivas del Polo amenazaron con no buscar consensos en el proyecto del estatuto de oposición con el Gobierno, si éste no objetaba dicho artículo del proyecto de ley. En efecto, el presidente Juan Manuel Santos se ofreció a objetarlo en caso de que la Corte Constitucional lo apruebe.
El pasado 28 de marzo, el registrador Carlos Ariel Sánchez envió a la alta Corte sus consideraciones acerca de la reforma política y solicitó de manera puntual que se declare inconstitucional los artículos concernientes a los escrutinios y solicitó que sea analizada la posibilidad que su implementación sea diferida a las próximas elecciones “por cuanto el proceso electoral, es el resultado de la planeación y capacitación que de éste se hace a todos los actores e intervinientes y, con la asignación actual del presupuesto e infraestructura con que cuenta actualmente no resulta viable la implementación de la misma en la jornada del próximo 30 de octubre”.
La Registraduría realizó un análisis jurídico donde expone los puntos clave por los cuales se afirma que los artículos del proyecto de reforma política sobre el censo electoral y su depuración son contradictorios con la Constitución Política, ya que desconocieron los requisitos establecidos para la inclusión de disposiciones nuevas en el segundo debate en alguna de las dos plenarias.
El Registrador le informó a la Corte que “puede observarse en las gacetas del Congreso que dan cuenta del trámite surtido por el proyecto de ley estatutaria en estudio, las normas sobre el censo electoral y su depuración no hicieron parte del proyecto inicialmente presentado por el Gobierno Nacional ante la Cámara de Representantes, tampoco de la versión aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara”.
De otro lado, el procurador Alejandro Ordóñez, en su concepto le pidió a la Corte declarar exequible la iniciativa en su integridad
MAÑANA PRIMER DEBATE A INCREMENTO DE PERSONAL EN COMISIÓN DE ACUSACIONES
El procesamiento de los “aforados” haría parte de la reforma a la Justicia.
EL PROYECTO de ley que busca el incremento de la planta de personal de la Comisión de Acusación de la Cámara será sometido mañana a su primer debate con ponencia alternativa que propone su archivo.
La radicación de la ponencia negativa coincidió con el anuncio, por parte del Gobierno Nacional, de que no se descarta el impulso de una reforma a la Comisión.
Efectivamente, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, expresó que “no descartamos la posibilidad de que se revisen también las competencias de la Comisión de Acusación porque para bien o para mal, aquí hay un cúmulo de personas que no tienen juez natural”.
Esa sería una intervención radical al funcionamiento de la Comisión, en momentos en que está por enfrentar primer debate el proyecto de ley número 193 de 2011 Cámara, “por el cual se adiciona parcialmente la planta de personal de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en desarrollo del artículo 150 numeral 20 de la Constitución Política”, radicado, como lo publicó oportunamente EL NUEVO SIGLO en la última semana de marzo por los propios miembros de la Comisión, los representantes Jorge Eliécer Gómez, Orlando Velandia y Javier Tato Álvarez, del Partido Liberal; Camilo Andrés Abril y Manuel Antonio Carebilla, de Cambio Radical; Germán Alcides Blanco, Orlando Alfonso Clavijo y Alfredo Bocanegra, del Partido Conservador; Jair Acuña, de la Asociación de Afrocolombianos para la Vivienda, Deporte, Educación y Salud (Afrovides); Lucero Cortés, Augusto Posada, Héctor Javier Vergara y Hernán Penagos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U); Heriberto Escobar, del Partido de Integración Nacional (PIN); y José Rodolfo Pérez, de Apertura Liberal.
El proyecto ya aparece agendado en el orden del día de la comisión correspondiente a este martes, 7 de junio.
Que no
A comienzos de este mes, el representante Alfonso Prada, del Partido Verde, radicó ponencia negativa a la iniciativa que, en esencia, pretende modificar la planta de personal de la Comisión, creando 45 cargos adicionales, entre los que se encuentran 30 abogados sustanciadotes, a razón de 2 por cada representante investigador, y 15 auxiliares judiciales.
En la exposición de motivos, Prada trae a colación precisamente la intención expresada por el Gobierno de adelantar una reforma a la Justicia, dentro de la que se contempla un ajuste a “las competencias para el juzgamiento de los aforados constitucionalmente. Entre los propósitos de esa reforma a la justicia se pretende un rediseño de las funciones de juzgamiento que son competencia del Congreso en cabeza de la Comisión de Investigación y Acusación y de la Corte Suprema de Justicia frente a los miembros del Congreso”.
Prada alude a que en un encuentro con legisladores, el presidente Juan Manuel Santos y el ministro Vargas precisaron que “dicha reforma será radicada para la legislatura que inicia el próximo 20 de julio, razón por la cual tramitar una ley cuya materia será objeto de esta reforma constitucional resulta inconveniente”.
“Ante el panorama actual de la Comisión de Investigación y Acusación es necesario que el Congreso de la República plantee un debate de fondo si es necesario que esta siga operando o no, más aun cuando su eficacia es altamente cuestionada por la sociedad civil”, anotó Prada.
Que sí
“La opinión publica debe saber” que la congestión de procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara “se debe a la falta de infraestructura humana y de recursos presupuestales” y “no a la mal intencionada y publicitada ineficiencia de los miembros investigadores, que a pesar de todo, han venido así desarrollando su labor judicial de manera eficiente”.
Estas palabras hacen parte de la exposición de motivos del proyecto de ley radicado por los miembros de la Comisión para subsanar las deficiencias de personal que se desprenden del diagnóstico mencionado.
Se trata del proyecto de ley “por la cual se adiciona parcialmente la planta de personal de la Comisión de
La ampliación de la planta de personal propuesta, según el proyecto, está homologada con la de las “altas Cortes del Estado colombiano con deberes, calidades y derechos, acordes al mismo nivel jerárquico”, porque, argumentaron los congresistas, si la Comisión “investiga a altos funcionarios de Estado, y nada menos que desde el Presiente de la República, pues no puede ser nada menos que una Corporación del Nivel de Magistratura”.
Los congresistas reconocieron que en la Comisión “la celeridad y eficiencia” brillan “por su ausencia”, que “más del 95 por ciento de los procesos vigentes se encuentran en etapa preliminar” y que además de carecer de “infraestructura funcional” también sufre de “falta de presupuesto, acumulación excesiva e injustificada de expedientes e impunidad”.
“Los suscritos y nuevos representantes investigadores miembros de la Comisión de Investigación y Acusación, para el período 2010-2014, tenemos todo el ahínco y deseo de atender el clamor nacional y de nuestros electores, de una pronta administración de justicia para que la acumulación de procesos que cursan en la Comisión se descongestione con la celeridad y eficiencia que brilla por su ausencia, debido a la falta de personal con funciones de carácter judicial”, aseguraron en la exposición de motivos los legisladores.
MAÑANA PRIMER DEBATE A LA LEY LLERAS
CON EL fin de darle por lo menos un debate en lo que resta de esta legislatura, so pena de condenarlo al hundimiento, mañana la Comisión Primera del Senado le dará primer debate al proyecto de ley “por la cual se regula la responsabilidad por las infracciones al derecho de autor y los derechos conexos en internet”, de autoría del Gobierno, popularmente conocida como la Ley Lleras.
Después de varias semanas de discusiones académicas y concertaciones, la semana pasada el coordinador de ponentes radicó la ponencia definitiva del proyecto.
El senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), explicó que para evitar confusión e inconvenientes entre los usuarios, se eliminó el artículo segundo que establecía una responsabilidad civil, penal y administrativa, y en cambio se estableció que quien viole normas en internet, será sancionado únicamente por la autoridad judicial competente y que tanto el retiro o inhabilitación de contenidos, como el cierre de las cuentas, obedecerá a la gravedad de la infracción.
“Una de las modificaciones más importantes que contempla el proyecto es el cambio de denominación de “prestadores de los servicios de internet” por “proveedores de servicios de internet” como Google, Telmex, ETB, Telefónica, etc, para estar acorde con las definiciones tecnológicas de la ley 1341 de 2009 y resoluciones de MinTics”, indicó el senador.
Barreras explicó que también quedó consagrada la obligación del proveedor de servicios de designar un representante y un medio adecuado para recibir solicitudes de retiro o inhabilitación de material aparentemente infractor, y se establece en el proyecto que el proveedor antes de decidir, dentro del mecanismo de autorregulación dicho retiro, deberá informar al supuesto infractor, para que éste, si a bien lo tiene, pueda responder sobre dicha solicitud.
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CONTROL POLÍTICO A SITUACIÓN CARCELARIA
CON EL objetivo que den a conocer la situación real sobre la población carcelaria y verificar si en Colombia el régimen penitenciario es un régimen resocializador o no, por proposición del senador Edgar Espíndola, la Comisión Segunda del Senado citó a un debate de control político al ministro del Interior, Germán Vargas, al director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, al procurador Alejandro Ordóñez; la contralora Sandra Morelli; y al defensor del pueblo Vólmar Pérez.
El ministro Vargas deberá responder preguntas como a ¿cuánto asciende los gastos reservados en el Inpec, asignados para vigencia del año 2009 a la fecha y cuáles son sus principales actividades y resultados?, ¿qué dependencia del Inpec tiene a cargo el estudio de los perfiles de seguridad y coordinación de los traslados de los internos de Justicia y Paz?
Frente al tema de salud el alto funcionario también deberá responder ¿cómo el Inpec ha venido contratando los servicios de salud POS y no POS y desde cuándo? En el tema administrativo Vargas deberá explicar si ante la carencia de falta de administradores públicos, qué tan conveniente sería por méritos, selección y democracia, en un período transitorio, darle la oportunidad al personal de empleados de carrera del Inpec para que ellos administren directamente el sistema carcelario.
Por su parte, el director del Inpec deberá explicar ¿qué plan de mejoramiento institucional ha diseñado esta administración para dar solución a falencias y hallazgos encontrados por los entes de control?
JUAN Y LA MATERNIDAD
Por MARÍA ANDREA NIETO ROMERO
Los grandes cambios vienen rondando al país por fortuna y uno de ellos fue por cuenta del senador Juan Lozano autor de la ley que postergará por dos semanas más el período de maternidad procurando que las mujeres embarazadas no tengan que trabajar hasta el último de los días saliendo de la oficina a dar a luz.
El senador Lozano ha sido siempre un abanderado de las causas familiares. Siendo director del canal City TV presentó la Ley María en honor a su hijita que estableció la semana de licencia para los padres. A él le tocó solicitar permiso por calamidad doméstica de tres días, algo bastante curioso para celebrar el nacimiento de un hijo.
Fue el mismo Juan quien hace muchos años me dijo que cuando nació María había “estrenado la otra mitad de su corazón” y creo que esa infinita consideración por las mamás, los papás y los niños/as es lo que lo mueve a producir estas revoluciones pequeñas que cambian el cotidiano vivir de las familias.
La licencia de maternidad en Colombia sigue siendo muy corta, se necesitarían de al menos seis meses para alcanzar la lactancia mínima estipulada por la Organización Mundial de la Salud, que debe ser de al menos dos años. Cuando la madre debe salir a trabajar a los tres meses y medio y tiene tan solo una hora de lactancia diaria, la producción de leche se reduce considerablemente, privando al bebé de recibir este precioso líquido que ha demostrado ser antibiótico, vacuna y transmisor de un sinnúmero de defensas gastrointestinales y respiratorias por sólo hablar de la parte física.
Entre más tiempo comparta la madre con su bebé, mejor se establece ese vínculo afectivo que llena de autoestima al futuro adulto y que garantiza un mejor desarrollo intelectual, emocional y espiritual.
Ahora bien, también sería importante una licencia mayor para los padres. Criar, es la tarea más compleja y la responsabilidad más importante en la vida de una persona y para ello se necesita de una pareja que trabaje en equipo y que comparta esas largas horas de desvelo en las noches y de cuidados en los días.
Desde aquí un gracias gigante a Juan y le deseo que pueda seguir trabajando por los derechos de los niños, niñas y de sus familias para que Colombia tenga en el futuro una sociedad más equilibrada y armónica.
¿EXPANSIÓN DEL “MATRIMONIO HOMOSEXUAL”?
Por CARLOS ALFONSO VELÁSQUEZ
EN términos prácticos, en Colombia la agenda pendiente de los “derechos LGBT” se redujo a la adopción y a reconocer sus uniones como matrimonio. En realidad la heterosexualidad del matrimonio forma parte de las grandes contiendas jurídicas contemporáneas y planetarias, donde se observan dos tendencias opuestas.
La primera se puede denominar el “efecto dominó”. Es decir, la propensión expansiva de una institución jurídica cuando es adoptada por un país de cierta influencia sobre otros. El que España aceptara el llamado matrimonio entre personas del mismo sexo, pudo producir como reacción que algunos países hispanoparlantes como Argentina, o, más limitadamente, el Estado de México D.F. también lo hicieran. En otros países (Chile, Ecuador, Perú etc.) solamente se planteó el debate político-jurídico, pero no hubo cambios apreciables.
Esto nos lleva a entender que al tiempo con la tendencia expansiva se ha producido una reacción contraria que se podría denominar de “blindaje”, esto es, la defensa de la institución matrimonial a través de la constitucionalización del matrimonio heterosexual. El último ejemplo en Europa ha sido Hungría donde hace poco se aprobó en el Parlamento, por 262 votos contra 44, una nueva Constitución en la que se establece la protección de la “institución considerada como la unión natural entre un hombre y una mujer y como fundamento de la familia”. Anteriormente, la Constitución polaca de 1997 definió el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”.
¿Cuál de las tendencias avanza más? Contra lo que pudiera creerse, existe un equilibrio inestable modelado por reacciones y contra-reacciones que dibujan un panorama más cercano a la defensa del matrimonio heterosexual.
Volviendo a Europa, la verdad es que si Bélgica, España, Noruega, Suecia y Portugal han regulado el matrimonio entre personas del mismo sexo, en otros países como Francia, Italia y Alemania, los órganos jurisprudenciales mantienen una posición que no se inclina a aprobar como matrimonio las uniones homosexuales. Por ejemplo, recientemente el Consejo Constitucional francés consideró que la prohibición del matrimonio homosexual, tal y como lo recoge el Código Civil, es conforme a la Constitución francesa.
En Latinoamérica también hay reacciones. En México, por ejemplo, ante la aprobación del “matrimonio homosexual” en la capital, los Estados de Jalisco, Morelos, Sonora, Tlaxcala y Guanajuato plantearon demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y aunque no fue acogida tampoco fue impuesta al resto del país e inmediatamente el Estado de Baja California reformó el artículo 7 de su Constitución, definiendo el matrimonio como “la unión entre un hombre y una mujer”.
En Estados Unidos, mientras que la unión entre homosexuales es reconocida como matrimonio por 6 Estados, en 20 se han reformado sus constituciones definiendo el matrimonio como una unión entre hombre y mujer.
El balance final es que de los 192 países reconocidos ante la ONU solamente reconocen el matrimonio entre homosexuales 10 países, más algunos Estados de México y Estados Unidos. Entre ellos, no se cuenta ningún asiático ni africano (salvo Sudáfrica). La anomalía jurídica está presente pero es ampliamente minoritaria.
CARACOL RADIO
CONSEJO DE ESTADO ORDENA LA CREACIÓN DE UN MANUAL DE SEGURIDAD PARA LOS HOGARES DEL ICBF
El Consejo de Estado le ordenó al Instituto de Bienestar Familiar que conjuntamente con las Universidades Nacional, Antioquia y del Valle implementar un manual técnico de seguridad obligatorio para todos los hogares comunitarios y sustitutos en el país.
El presidente del Consejo de Estado Mauricio Fajardo dijo que el fin de esta determinación es el de establecer las condiciones mínimas de protección a favor de los menores beneficiaros del servicio público que presta el ICBF
La orden fue dada en un fallo en el que se condenó al Bienestar Familiar a pagar una condena de 314 millones de pesos como indemnización de un menor de edad y su familia por las daños que padeció en un hogar infantil de Medellín en donde el niño de 13 meses se tragó un elemento plástico que le causó graves daños cerebrales.
El cuerpo extraño que ingirió el menor le causó una obstrucción respiratoria que le impidió el paso de oxigeno al cerebro lo que le causó un daño neuronal irreversible y como consecuencia el niño no puedo caminar ni hablar ni sentarse y tiene que ser atendido en las funciones fisiológicas básicas
Ante esta situación el consejo de estado al bienestar familiar como medida de rehabilitación suministrar al menor de por vida hasta su fallecimiento todas las terapias psicomotoras y de lenguaje que se requieran para que eél desarrolle mejores niveles de vida.
Así mismo se ordenó costear y suministrar todos los medicamentos y procedimientos quirúrgicos que sean necesarios para mejorar la calidad de vida del niño.
RCN RDIO
ONU PIDE QUE SE CUMPLAN COMPROMISOS DE PROTECCIÓN PARA LA MUJER Y DESPLAZADOS
La coordinadora de la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios, Catherine Braga, sostuvo en RCN La Radio que los fallos de la Corte Constitucional sobre el desplazamiento, la mujer y los niños deben cumplirse.
La alta funcionaria destacó que existe muy buena voluntad del gobierno colombiano pero persiste una amplia brecha entre los autos de la Corte y la crítica situación de desplazamiento.
“Existe un marco legal muy fuerte en Colombia, pero la implementación de las normas legislativas y los autos de la Corte Constitucional en terreno no se aplican porque hay una gran brecha para su aplicación” afirmó.
Agregó que las personas más afectadas por el desplazamiento son las mujeres y los niños y que eso es lo que mas preocupa al organismo internacional.
De otro lado, la delegada Catherine Braga visitó a la comunidad indígena Awa, en zona fronteriza en el departamento de Nariño, en la que constató que el Estado colombiano no suple las necesidades básicas de los nativos.
“Sus condiciones de vida son realmente deplorables no tienen ni las necesidades básicas cubiertas y están muy inseguros, aislados, por lo que son sometidos a intimidaciones y amenazas para que dejen sus tierras” advirtió.
Finalmente, anunció que se requiere de la asistencia y atención de las ONG internacionales, pero además que se mantendrá el contacto con el gobierno para lograr apoyo de los países miembros de la ONU para esas áreas remotas.